Con un recurso de inconstitucionalidad se presentaron hoy los abogados Jari Dixon y Mari Sorto ante la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Estado de Honduras.
Sorto repudió dicha normativa la cual afecta el presupuesto del gobierno que toma posesión en menos de diez días, por lo que piden una suspensión inmediata.
“Se comprometen las finanzas del nuevo gobierno. Es una ilegalidad y se les advierte a los que lo aprobaron que cometen delito”, indicó.
Mientras que su colega Jari Dixon manifestó que, “El Partido Nacional va a dañar este país hasta el último minuto de que estén en el poder, pero n podemos permitir que sigan con sus arbitrariedades”.
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A su vez advirtió que los responsables de permitir estas situaciones serán castigados próximamente.