Desde el día de ayer se está llevando a cabo el juicio contra el ex director de Invest-H y Alex Moraes, los cuales son acusados por delitos como violación de los derechos de los funcionarios y fraude, esto por la compra de siete hospitales móviles que tuvieron un costo de 47 millones de dólares, que servirían para la emergencia de covid-19 en el país, pero que hasta la fecha presentan un mal funcionamiento.
La compra se llevó a cabo sin garantías de calidad, mantenimiento de oferta, sin garantía de plazo fijo de instalación, sin garantía de pago anticipado, y sin la previa autorización del Consejo Directivo de Investh-H, y por los cuales se pagó el 100 por ciento de la compra.
Ingrid Ordoñez, jefa de adquisiciones de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) testigo número uno del caso afirma que advirtió en más de una ocasión que no debían comprarse los hospitales móviles ya que no contaban con un lineamiento correcto de compra, y que había un procedimiento de compra sobre los porcentajes que deben pagarse.
Yuri Mora, Portavoz del Ministerio Publico expresó que: “sin embargo, se hizo caso omiso a esas advertencias y eso es lo que el Ministerio Público quería dejar establecido, que desde un inicio se dijo que hubo voces dentro de Invest-H que se opusieron a comprar esos siete hospitales a la compañía del señor Alex López”.
Durante el juicio Marco Bogran, uno de los principales acusados en el caso pidió “wi-fi permanente” para así poderse mantener en contacto con su abogado y familiares, además agregó: “No estamos pagando una pena, nuestro estado de inocencia que lo presume la Constitución de la República no ha sido enervado por el Ministerio Público. Por lo tanto, no debemos estar incomunicados, no debemos estar encerrados, no debemos ser objeto de requisas en nuestras celdas”.
