A inicios del mes de febrero de este año, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Amnistías que favorecen a ex funcionarios del Gobierno del expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, el cual favorece a varios políticos que se vieron involucrados en escandalosos actos de corrupción en dicha administración en los cuales ya se concedió a uno de ellos mientras los otros dos estarían siendo favorecidos y retornados en las próximas semanas.
Se trata de ex ministro de la Presidencia en el Gobierno del “Poder Ciudadano” Enrique Flores Lanza quien ya ha sido favorecido por dicha amnistía y se busca ahora favorecer al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, así como también al ex alcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri.
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El analista político Raúl Pineda, se ha pronunciado al respecto y califica esto como “algo que da mala imagen al Gobierno actual de Xiomara Castro”, pero que es legal para poder ejecutarlo, pero que además, quita la posibilidad de que haya garantía en combatir la corrupción al prácticamente apoyar los actos que estos ex funcionarios realizaron en años anteriores.
“El acuerdo de Cartagena tenía una cláusula especial que no podría actos relacionados con corrupción, habrá que ver si en este decreto de amnistía se incorporó íntegramente el acuerdo y si se incorporó se mantiene vigente la cláusula y la ley de la república de que no cubre actos de corrupción, en el segundo aspecto, quienes van a aplicar al ley son los jueces quienes tienen la discrecionalidad de ver si en el caso particular concurren todos los elementos subjetivos y objetivos para configurar el delito político”, comenzó Pineda.
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Asimismo, comentó que los jueces no aplicarán la ley de manera ciega y automática, ya que ellos tienen que hacer una ponderación y decir en cuales casos corresponde aplicar la amnistía y en cuales no, pero que esto afecta en todas las formas la imagen del actual Gobierno.
“Obviamente este tipo de acción afecta la imagen del Gobierno pero desde el punto de vista técnico es legal pero desde el punto de vista político no es moral, en todo caso esta el poder judicial y es a los jueces a quienes les corresponde ver si estiran la ley hasta hacerla un instrumento de la impunidad o si le aplican correctamente limitándose a delitos políticos y comunes conexos”, dijo.
