Ante denuncias hechas por parte de los mismos diputados del Congreso Nacional y población en general se acordó que se realizarían reformas a la polémica Ley de Amnistía, y es que los parlamentarios proponen que dicha ley solo aplique a aquellos que fueron perseguidos injustamente durante el golpe de Estado 2009 y no a funcionarios que cometieron actos de corrupción.
“Nosotros no hemos creado una ley para beneficiar a personas que hayan cometido delitos contra la administración pública y lavado de activos, solo vimos con buena fe la necesidad de que existiera una ley para presos políticos”, indicó el diputado Tomás Ramírez, por el PSH.
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Mientras que la diputada del Partido Libre, Silvia Ayala expresó que la amnistía “Va a beneficiar este decreto de amnistía a estudiantes que realizaron protestas cuando fue asesinada Keyla, la joven enfermera del departamento de Intibuca, también se criminalizaron a jóvenes que estaban haciendo uso de su legitimo derecho a la protesta, a los campesinos de Taulabe, estudiantes y el periodista Rony Guete, acusado de daños, privación de la libertad en perjuicio de un testigo protegido; entre otros”.
Ante este nuevo proceso de reforma, Johana Bermúdez, diputada por el Partido Nacional, declaró que los que se han beneficiado por esta ley han sido personas acusadas por malversación de caudales públicos, e informo que desde el 2010 existía una ley de amnistía que protegía a perseguidos políticos durante el golpe de estado de 2009.
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Además, acusó al parlamentario que propuso dicha ley de que el mismo seria uno de los beneficiarios de la misma, esto refiriéndose al diputado por el Partido Libre, Rasel Tomé, quien cuenta con un proceso legal abierto, la diputada reitero “Nosotros esperamos que los diputados honestos, esperamos que esta ley el próximo martes sea derogada, porque no es posible que en Honduras tengamos un pacto de impunidad más” finalizó Bermúdez.