El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, se ha manifestado y comentó que el Poder Judicial nunca estuvo al servicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, a quien se extraditó hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
“Hemos intentado llevar con celeridad, con transparencia y con calidad cada una de las decisiones que ha llegado a nuestro escritorio. En materia de extradiciones -por ejemplo- tenemos cero mora”, comenzó.
“Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad y tengo incluso documentación que acredita que muchas de las mociones que se llevaron a cabo en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nosotros nos opusimos de manera verbal a decisiones importantes”, mencionó.
Además, comentó que dentro de las cosas que se opuso, están, un préstamo de 4 mil millones de lempiras para la Tasa de Seguridad en febrero de 2021, asimismo a seguir alquilando por cinco meses más a un monto de 27 mil dólares mensuales el edificio donde funcionaba la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), ya que abandonaron el país en enero y se pretendía extender el contrato de arrendamiento hasta junio de 2020.
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Argueta aseguró que también se opuso a la renta de vehículos blindados para funcionarios judiciales, y en iguales términos se pronunció para aprobar de 236 millones de lempiras para el presupuesto anual de la OABI.
“Hemos dicho que no sea por excesivo tiempo que una misión internacional esté en el país. Ya en el Poder Judicial tuvimos acompañamiento de la MACCIH y trabajamos bien con ellos, no queremos que sea indefinida en el tiempo y tampoco a corto plazo”, indicó.
El magistrado Argueta valoró el hecho que su gestión deja más de 40 edificios construidos, así como la modernización del Poder Judicial (expedientes electrónicos). Esto fue posible gracias a la austeridad y los controles que se han tenido en ese poder del Estado.
