Este día se ha dado a conocer que la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), “Próspera” ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, estaría demandando al Estado de Honduras con $10,700 millones o sea L.265,360,000,000 por daños y perjuicios, según lo comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.
Algo que ha venido a llamar muchísimo la atención, ya que, al momento de adquirir dichos predios, estos los compraron a $4.00 por metro cuadrado, lo que sería unos L.99.20 una cantidad absurda si lo comparamos con la demanda que estos querrían imponer al Estado de Honduras.
Barquero, comentó: “El problema es que ellos dieron una lista de ciertos incentivos fiscales que querían para pasarse a un régimen especial y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), hizo un análisis y llegó a la conclusión que esos beneficios no se le podían dar”.
Asimismo, este comentó que en el caso de la ZEDE Próspera es totalmente diferente, porque con ellos no se han podido sentar y reunirse porque querían que se le firmara un documento.
Según el funcionario, comentó que ya se les ha manifestado directamente a ellos y sus intermediarios que como gobierno están dispuestos a sentarse para buscar una salida y que puedan estar de forma legal en el país y no sigan ilegalmente operando.
“Y ahí radica las diferencias entre las tres ZEDE: la del sur que para ellos es más fácil pasarse al régimen de la Ley de Zonas Libres (ZOLI), porque básicamente son una operación de producción que le resuelven los incentivos que ya tiene el régimen ZOLI. A Morazán se le complica un poco más porque es una ciudad y eso tenía unos incentivos fiscales bajo el régimen ZEDE que no existen dentro del régimen ZOLI”, comentó.
Declaró que Próspera es el caso más extremo porque es una ZEDE completa con todas las características, un Estado dentro de otro Estado que tiene su propio estamento legal, impuestos, ciudadanía y la operatividad de captar inversionistas.
“Eso definitivamente es mucho más complicado para nosotros porque no podemos aceptar esa violación a la soberanía y Constitución de la República”, añadió.
“Son 10 mil 700 millones de dólares. El 16 de septiembre que se vencía el plazo para que ellos manifestaran el interés de dejar abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo; si ellos el 16 de septiembre no enviaban esa nota se cerraba la puerta de las consultas y arbitraje; entonces enviaron la nota para mantener viva esa posibilidad”, dijo.
Esto, según indicó, les da la posibilidad de poder llegar a un arbitraje en el corto plazo porque la fecha para poder llegar al mismo vence el 16 de diciembre, y probablemente los representantes de Próspera van a ingresar la solitud para iniciar un arbitraje.
