Hoy se cumplen seis días de la marcha pacífica que realizaron unos 10 mil trabajadores en Choluteca por estar en desacuerdo con la Ley de Justicia Tributaria, también se cumple la misma cantidad de días en conocerse la incomodidad que causó esta masiva movilización en la presidenta Castro de Zelaya y su entorno.
A tal punto que la presidenta convoco de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, para posteriormente condenar los “actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley de Justicia Tributaria, que han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado, con las provocaciones ocurridas en las calles de la ciudad de Choluteca el 9 de mayo”.
Pero ¿A qué actos de corrupción se refiere?
Los videos e imágenes que fueron difundidos por todos los medios de comunicación notaron una marcha de miles de trabajadores que marcharon en forma pacífica, y es aquí en donde entra el derecho que todo hondureño tiene, según la Constitución de la República.
En el Capítulo II, de la Constitución de Honduras ya estipula sobre los Derechos Individuales que tenemos.
Todos tenemos el derecho a alzar nuestra voz cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen o dicen los que nos gobiernan.
Es importante mencionar lo que dice el Artículo 72. “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones”.
También, tenemos derecho a manifestarnos públicamente, ya sea a través de marchas como sucedió en Choluteca, siempre y cuando sea “de forma pacífica”, según lo que dice nuestra Constitución en el Articulo 79
Artículo 79. Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.
Muchos sectores cuestionan la intolerancia del gobierno de Xiomara Castro y su decisión de ordenar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, para que investiguen a los trabajadores de Choluteca que marcharon pacíficamente el pasado 9 de mayo de 2023, sin embargo, fueron incapaces de desalojar a los miembros de Libre que se tomaron por más de tres semanas varios centros de salud en Tegucigalpa y Comayagüela.
