La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, presentó este martes los hallazgos de la veeduría en el marco del Mecanismo de Incidencia Ciudadana (MIC), durante el primer semestre de 2023.
Se trata de congresistas que no cumplen con su deber parlamentario de asistir a las sesiones, por concepto de salarios y viáticos en el primer semestre del 2023, según declaraciones de la funcionaria.
“Solo entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional se van más de 32 millones de lempiras desperdiciados en persona que no asisten a cumplir con su labor legislativa”, dijo Castellanos.
Estos datos revelan un derroche significativo de recursos que podrían haberse destinado a atender necesidades prioritarias en el país, aseguró la funcionaria.
La inasistencia crónica se ha vuelto especialmente notable entre los miembros del Partido Libertad y Refundación Libre, así como del Partido Nacional, lo que denota una falta de compromiso de los parlamentarios del país.
“En 22 días de sesión hay dos padres de la patria que no han legislado una sola vez, pero sí cobraron su salario y hasta reclamaron viáticos. Se trata de Margarita Dabdoub y Juan Ramón Flores, ambos del Partido Libre”, enfatizó la titular del ente de investigación.
Castellanos, continúo detallando que esta tendencia irresponsable se extiende a otros 10 diputados que han asistido en contadas ocasiones, entre uno y cuatro días, mientras que únicamente dos parlamentarios, Luz Angélica Smith del Partido Libre y Jorge Alberto Zelaya del Partido Nacional, han cumplido con una asistencia perfecta, aprobando así su deber constitucional.
La escasa presencia en el hemiciclo es aún más alarmante cuando se revela que algunos congresistas optan por asistir solo en momentos estratégicos para obtener visibilidad mediática.
“El colmo de este ausentismo parlamentario está en las asistencias por conveniencia. Por ejemplo, la mayor afluencia corresponde a las sesiones del Pleno de fecha 10, 11 y 16 de febrero, convocadas para la elección de la Corte Suprema de Justicia, tanto así que la sesión del 11 se celebró con la asistencia de 129 congresistas, cuando el máximo es de 128.”, dijo la abogada.
Además, expresó, se han descubierto casos en los cuales los suplentes asisten a más sesiones que los propietarios, lo que plantea serias interrogantes sobre la gestión parlamentaria.
“Y siguen los roba curules. Hay una sesión en donde el puesto correspondiente al Partido Anticorrupción fue ocupado por un diputado de libre, contraviniendo el
artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que las ausencias de los propietarios se cubrirán por suplentes del mismo partido”, puntualizó, reafirmó Castellanos.
Estas irregularidades evidencian una falta de orden y respeto a las normativas que rigen el funcionamiento del Congreso Nacional. La pregunta que surge es si estos recursos deberían ser devueltos o redirigidos hacia proyectos y obras que beneficien directamente a la población.
“Se nos ocurren tantas necesidades que se pudieran cubrir con esos más de 43 millones de lempiras votados en asistencias remuneradas. ¿Deberían devolverlo o redestinarlo para obras sociales? ¿No creen?”, declaró Gabriela Castellanos.
La situación actual revela un desorden preocupante en el autodenominado "Congreso del Pueblo", lo que hace aún más esencial una reforma legislativa para garantizar un uso responsable de los recursos y una mayor transparencia en el funcionamiento parlamentario.
