Tras la extrañeza del sello en el documento, la ex pareja del titular del Congreso Nacional, Alejandra Bustillo ha señalado a través de la cuenta de “X” que existe documento que levanta serias interrogantes sobre la ética y el uso de los recursos del Estado por parte del ingeniero Luis Redondo.
En este documento, Alejandra revela que el diputado Redondo ha contratado los servicios de una firma legal en Estados Unidos, con un costo asombroso de 15 mil dólares. ¿Y quién va a financiar esta extravagante tarifa legal? Según lo que sugiere el documento, ¡el pueblo hondureño!
La firma que contrató Redondo ese hace llamar “Hairfield Morton” y está ubicada en la ciudad de Richmond en los EE.U, la cual será la encargada de hacer el trabajo que Luis Redondo no tiene tiempo para realizar.
Lo más inquietante es que este documento está marcado con el sello del Congreso Nacional de Honduras, como si el parlamento estuviera avalando personalmente el gasto del dinero de los contribuyentes en los asuntos legales de uno de sus miembros.
Parece que el diputado Redondo ha decidido transformar el Congreso en su propia agencia de financiamiento personal, utilizando los fondos públicos para financiar su propia novela de relaciones personales.
Mientras tanto, el pueblo hondureño lucha por servicios básicos y una calidad de vida digna, el dinero que debería destinarse a mejorar sus condiciones está siendo canalizado hacia los caprichos legales de un político.
¿Dónde está la ética en la gestión de los recursos públicos? ¿Cómo pueden los líderes políticos justificar el uso indebido del dinero del pueblo para su beneficio personal?
Estas son preguntas que el diputado Redondo y sus colegas en el Congreso Nacional deben responder de manera urgente y transparente.
Este nuevo escándalo solo resalta la necesidad crítica de una supervisión más estricta y una rendición de cuentas más rigurosa en el manejo de los fondos públicos.
Los hondureños merecen respuestas, y merecen saber que su dinero está siendo utilizado para mejorar su país, no para financiar los problemas personales de sus representantes electos.
