El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, ha manifestado su indignación ante los prolongados apagones que afectan la zona sur del país y otras regiones.
Sabas ha señalado que esta crisis energética, que está impactando gravemente a la población, se debe a la falta de aprobación de contratos de energía que debieron concretarse hace cuatro o cinco años.
"Los apagones ya no se aguantan en el sur. Han generado una crisis que desespera a la gente.
Se crea una crisis para justificar compras de emergencia a precios elevados, en lugar de haber aprobado los contratos a tiempo", afirmó Sabas, criticando la inacción de años anteriores.
Según Sabas, la falta de acción se debe a la "politiquería imperante", acusando directamente al Partido Nacional de no haber autorizado la compra de energía en su momento para evitar un costo político.
Esta situación, indicó, ha obligado a realizar compras de emergencia que resultan en precios excesivamente altos para la energía.
"Muchos diputados no entienden del tema energético y opinan sin conocimiento. Lo que necesitamos es comprar energía a buen precio y con licitaciones a tiempo.
Al final, crean una crisis para justificar compras directas y apresuradas", añadió.
El diputado liberal se comprometió a revisar exhaustivamente cualquier futura compra de energía, asegurando que votará en contra de las adquisiciones que sean más caras que los precios actuales.
"Debemos buscar mejores precios y condiciones para la población. La maquinaria moderna es más eficiente y permite vender energía a precios más bajos en comparación con los motores a diésel o búnker de los años 80", destacó.
Sabas también subrayó la importancia de que el debate sobre energía sea técnico y no político, como ocurre en los países del primer mundo.
Además, aclaró que el Congreso no puede modificar los contratos de energía, ya que estos son negociados y aprobados por el Ejecutivo.
"Nosotros solo aprobamos los acuerdos sin poder modificar ni una coma", explicó.
Finalmente, el diputado instó a que se informe con transparencia sobre los precios y las condiciones de los contratos de energía.
"La población tiene derecho a conocer la verdad sobre estos acuerdos, ya que es ella quien termina pagando por ellos", concluyó.
