Un nuevo caso de corrupción y estafa sacude los tribunales de justicia en Honduras. El abogado Alex Eduardo Berrios Lamothe ha sido acusado de estafar a su propia clienta, la doctora Dulce María Mejía, una profesional en Química y Farmacia de la ciudad.
Las acusaciones incluyen cobros excesivos y presunta colusión con el juez José Francisco Ewens.
El abogado defensor de Mejía, Francis Parrales, explicó en detalle la situación legal que enfrenta su representada. Según Parrales, Berrios Lamothe brindó servicios profesionales a Mejía y luego la demandó por honorarios adicionales, además de los ya pagados. Mejía alega que los cobros eran excesivos y que Berrios le exigió un "bono de éxito" no regulado por la ley.
En una declaración pública, Mejía expresó su profunda decepción y traición: "Fue una persona en quien yo confié, puse toda mi confianza y me traicionó", lamentó. Mejía reveló que Berrios no solo le hizo cobros por trabajos no realizados, sino que también embargó 14 de sus cuentas, incluidas las de sus hijos.
La Corte de Apelaciones, sin embargo, falló a favor de Mejía, exonerándola de cualquier pago adicional y ordenando a Berrios a cubrir los costos legales.
Mejía también denunció una colusión entre Berrios y el juez José Francisco Ewens, quien, según ella, ya ha enfrentado acusaciones de prevaricato. Esta acusación añade una capa de complejidad y gravedad al caso, subrayando la necesidad de una investigación exhaustiva.
Berrios simuló haber presentado acciones legales contra terceras personas que la doctora desconocía. Con ardides, astucia y engaño, presentó un cobro que fue pagado por Mejía, quien luego descubrió que todo era una farsa. Ante esta revelación, su exabogado la coaccionó para que continuara pagándole bajo amenaza de consecuencias legales.
La colusión con el juez Ewens permitió que el expediente se mantuviera en secreto, facilitando la estafa sin que nadie se diera cuenta del acto de corrupción. Mejía explicó que actualmente tiene 14 cuentas embargadas, incluidas las de sus hijos, tanto personales como de la empresa.
Francis Parrales explicó que el proceso judicial en curso es un juicio declarativo ordinario relacionado con la rescisión del contrato de servicios profesionales emitido por Berrios. Durante una audiencia preliminar, se establecieron y admitieron los medios de prueba, iniciando así un proceso que se espera concluya con una resolución justa.
Sin embargo, una de las partes convocadas no compareció a la audiencia, lo que podría tener consecuencias legales.
Parrales confía en la pertinencia de las pruebas presentadas y en que el juez considerará justamente la postura de su cliente. Si la sentencia es favorable, implicaría la resolución del contrato y la devolución de las cantidades pagadas por Mejía.
En una entrevista, Mejía hizo un llamado al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, pidiendo justicia y una investigación exhaustiva de este caso de corrupción. "Pido justicia ante mi caso y una investigación en los juzgados de San Pedro Sula para que no sigan con estos actos de corrupción a otras personas", declaró.
