El dirigente del transporte, Jorge Lanza, anunció que, tras recibir la confirmación de que se les pagará una parte del subsidio de transporte adeudado, se decidió suspender los planes de paralización de unidades en la capital y otras ciudades del país. Según Lanza, el asistente del asesor presidencial, Manuel Zelaya, les informó que se realizaron gestiones con la Secretaría de Finanzas para cancelar los pagos que ascienden a unos cinco meses de deuda en algunos sectores, y a tres o dos en otros.
El dirigente detalló que el pago se realizaría entre lunes y martes de la próxima semana, lo que ha aliviado la tensión dentro del sector transporte. Lanza destacó que esta noticia evitó la necesidad de tomar medidas extremas, como la paralización total del transporte, que había sido planificada en asamblea. “La noticia da aliento de no llegar a males mayores como se había planificado en asamblea de transporte de hacer una movilización o paralización del transporte total,” expresó.
Además, Lanza aseguró que continuarán prestando el servicio de transporte urbano en la capital a un costo de 13 lempiras, tal como se acordó previamente con la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, hizo un llamado al comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, para que agilice las gestiones de pago y así evitar futuros retrasos que puedan afectar al sector.
A pesar de la confirmación del pago, Lanza advirtió que, si no se cumple con el cronograma establecido, los transportistas podrían verse obligados a tomar medidas adicionales. "Si el pago no está en el tiempo indicado, tendremos que tomar medidas," manifestó. La amenaza de un aumento en el pasaje de los buses "rapiditos" en la capital, elevando el costo de 13 a 16 lempiras, quedó suspendida tras la promesa de pago, aunque la medida permanece latente si los compromisos no se cumplen en tiempo y forma.
Finalmente, Lanza reiteró el compromiso del sector de seguir ofreciendo el servicio de transporte de manera regular, pero insistió en que la responsabilidad de evitar nuevos conflictos recae en las autoridades, quienes deben garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.