Los testimonios recopilados durante el proceso penal contra el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) dejaron al descubierto una preocupante conexión entre figuras clave del actual gobierno de Honduras y el narcotráfico. Según los datos presentados por la Fiscalía, 28 hondureños han sido mencionados en el juicio por los narcos confesos, incluyendo a altos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro, en un momento crítico donde se ha denunciado el tratado de extradición con Estados Unidos (EE. UU).
Entre los nombres mencionados destaca Carlos Zelaya, actual secretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya. Según el testimonio de Devis Leonel Rivera, alias "El Cachiro", Carlos Zelaya habría recibido sobornos que oscilaron entre 100 mil y 200 mil dólares. Estas acusaciones ponen en entredicho la integridad de uno de los principales actores políticos del país, quien ahora ocupa una posición de gran influencia en el Congreso.
Otro nombre que resuena es el de Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la Presidencia e hijo de la mandataria Xiomara Castro. Durante el juicio, el abogado Raymond Colon intentó implicar a Héctor Zelaya en la planificación del asesinato de Julián Arístides González, un testimonio que fue objetado por la Fiscalía, pero que Colon repitió a los medios. Aunque no se presentó como prueba concluyente, la mención ha generado inquietud sobre la posible implicación del entorno presidencial en actividades ilícitas.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales también figura en estos testimonios, mencionado por José Sánchez, excontador de la empresa Graneros Nacionales. Según Sánchez, "Mel" Zelaya habría recibido cuantiosos cheques de esta empresa, que tenía vínculos con el narcotráfico. Aunque no se ha presentado una acusación formal, este señalamiento no puede ser ignorado, especialmente en un contexto donde el gobierno actual ha decidido romper un acuerdo esencial en la lucha contra el narcotráfico.
Para analistas políticos, estas revelaciones subrayan la gravedad de la corrupción en la política hondureña, donde figuras clave han sido señaladas en actos ilícitos que han socavado la seguridad y la justicia en el país. La denuncia del tratado de extradición con EE.UU. por parte del gobierno de Castro plantea serias dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión, en un momento en que la lucha contra el narcotráfico debería ser una prioridad nacional.
