El caso del ambientalista Berta Cáceres sigue generando controversia en Honduras. Sergio Rodríguez Orellana, exgerente ambiental de la empresa DESA, condenado en diciembre de 2019 a 30 años de prisión como coautor del asesinato de la activista, ha reiterado su inocencia y denuncia graves irregularidades en el proceso judicial que lo mantiene privado de libertad.
En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó las sentencias contra siete de los ocho implicados en el caso. Sin embargo, en el caso de Rodríguez Orellana, la decisión no fue unánime, lo que ha llevado a que su expediente sea revisado por el pleno de la Corte Suprema.
Rodríguez ha manifestado su descontento a través de una carta pública en la que expone su versión de los hechos y denuncia que su condena se basó en pruebas manipuladas y testimonios falsos. Según él, el Ministerio Público, a través de la fiscal Ingrid Figueroa, violó el debido proceso garantizado en la Convención Americana de Derechos Humanos, utilizando pruebas adulteradas para incriminarlo.
"Desde el inicio del proceso hasta la presentación del recurso de casación, demostremos con pruebas testificadas, documentales y científicas, tanto nacionales como internacionales, mi inocencia", escribe Rodríguez. No obstante, asegura que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y algunas ONGs distorsionaron los hechos para presionar a los jueces a dictar una sentencia injusta en su contra.
Rodríguez también señala que las pruebas presentadas por la perito Brenda Karina Barahona fueron contradictorias y que la testigo clave del COPINH, Lilian Esperanza López, coordinadora de finanzas de la organización, dio más de 20 declaraciones falsas. "Increíblemente, jueces y magistrados dieron validez a estas mentiras en sus sentencias", enfatiza.
A la espera de una decisión final por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez pide que su caso sea analizado con justicia e imparcialidad. "Les pido que ratifiquen, aunque sea contradictorio, la sentencia a título de cómplice, como resolvieron dos de los tres magistrados de la sala penal. Esto sería el mal menor dentro del daño que ya se me ha causado", concluye.
El desenlace de este caso será determinante para la credibilidad del sistema judicial hondureño y la percepción de imparcialidad en un proceso que ha sido objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional.
