Mediante declaraciones emitidas este martes por Transparencia Internacional (TI), se reveló que Honduras ha obtenido una calificación de 22 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, lo que marca una caída de un punto respecto a los 23 puntos obtenidos en 2023.
Este descenso refleja las dificultades persistentes del país para erradicar la corrupción, y subraya la necesidad urgente de tomar acciones concretas para mejorar la transparencia en las instituciones gubernamentales.
En primer lugar, es necesario destacar que el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el principal indicador mundial sobre la corrupción en el sector público.
Con la calificación de 22 puntos, Honduras sigue estando por debajo de naciones como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala, lo que coloca al país en una situación alarmante.
Sin embargo, supera a Nicaragua, otro país de la región que también enfrenta serias dificultades en cuanto a la transparencia y la gobernanza.
La situación se complica aún más cuando el informe de Transparencia Internacional señala que Honduras comparte la misma calificación que países como Azerbaiyán, Líbano y Rusia, países con antecedentes problemáticos en términos de corrupción y derechos humanos.
A esta difícil realidad se suma el hecho de que tres defensores del medioambiente fueron asesinados en el país, después de haber denunciado la vinculación de empresarios, políticos y redes criminales con esquemas de corrupción. Esto refleja el peligro y la impunidad que enfrentan aquellos que luchan por la justicia y la transparencia en Honduras.
No obstante, el panorama se vuelve aún más complejo cuando se observa el contexto político y las decisiones tomadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Críticos del gobierno han señalado que, lejos de mejorar la situación, la administración de Castro ha sido acusada de mantener lazos con países que también figuran en los rankings internacionales como corruptos, como Venezuela, Nicaragua y Colombia. La presidenta ha sido fuertemente criticada por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su política exterior hacia dictaduras, lo que ha generado controversias a nivel nacional e internacional.
Uno de los elementos más polémicos de su gestión ha sido la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos.
Esta decisión se ha interpretado como un intento de alejarse de los compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, especialmente después de que su cuñado, Carlos Zelaya, fuera grabado en un video en una reunión con narcotraficantes.
A pesar de la evidencia en su contra, Carlos Zelaya no ha sido requerido por la justicia, lo que ha incrementado las sospechas de que el gobierno está protegiendo a individuos involucrados en actividades ilícitas.
El hecho de que la administración de Xiomara Castro busque estrechar lazos con China, mientras se aleja de países como Estados Unidos, ha generado más críticas sobre sus prioridades políticas y económicas.
Estos movimientos han sido percibidos como parte de una estrategia más amplia para consolidar una alianza con potencias que no exigen los mismos estándares de transparencia y lucha contra la corrupción que los países occidentales.
De esta manera, las acciones del gobierno de Castro parecen estar contraviniendo los principios de buena gobernanza que la sociedad hondureña necesita urgentemente.
Finalmente, cabe señalar que, aunque la presidenta ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción, la situación actual sigue siendo preocupante.
La falta de respuestas claras ante las críticas y los casos de corrupción de alto perfil han generado desconfianza en la ciudadanía.