El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal contra una estructura acusada de desviar más de 96.9 millones de lempiras destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2014 dentro del Programa de Asignación Familiar (PRAF). Entre los principales imputados figuran Ángel Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Solano Aguirre, exjefa del Programa DiMujer, junto con otros 37 exfuncionarios, representantes de empresas y ONGs.
Según las investigaciones, estos actores confabularon para adjudicar contratos de manera fraudulenta a empresas sin capacidad técnica, utilizando "empresas de relleno" para evadir licitaciones. Además, habrían falsificado documentos para justificar capacitaciones que nunca se realizaron o que se llevaron a cabo en condiciones deficientes.
El Ministerio Público enfatiza que este esquema de corrupción no solo representó un millonario desfalco para el país, sino que también privó a cientos de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad de oportunidades para adquirir habilidades técnicas que les habrían permitido mejorar su calidad de vida.