A tan sólo tres meses de las elecciones generales en noviembre donde se conocerán las próximas autoridades que nos gobernarán durante los cuatro años que vienen, ha generado mucha polémica en la sociedad hondureña la admisión de un recurso de inconstitucionalidad admitido en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde los partidos minoritarios piden que se deroguen los artículos, 42,44 y 46 de la nueva ley electoral donde se les quita el derecho a tener representantes en la junta receptora de votos, integrar también los consejos municipales, departamentales, y de igual forma tener acceso a las credenciales que muchos dicen que son el negocio en la política.
Son 11 de los 14 partidos que están denunciando según ellos desigualdad, ya que miembros de sociedad civil piden al poder judicial declararlo sin lugar ya que estos partidos no cuentan con militancia ni mucho menos con las personas necesarias que sean representantes en los más de 18 mil juntas receptoras de votos a nivel nacional.
César Chirinos, miembros del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), se ha manifestado que: “No cuentan ni con la cantidad de personas que los apoyan es corrupción, viendo ellos que tienen la más mínima posibilidades de una magistratura a este alto nivel, no se deberían de oponer a una competencia de otros candidatos”.
Según la Ley, se establecen penas de entre dos y seis años a quienes cometan delitos electorales, ya que en muchas ocasiones se ve en las mesas receptoras de votos, representantes de partidos “grandes” con credenciales de partidos “pequeños” quienes en ocasiones no saben ni qué partido representan porque están haciendo fraude.
