El actual Congreso Nacional de Honduras estaría aprobando en la próxima sesión virtual una ley de protección especial para altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno, así denunció la actual diputada Doris Gutiérrez, aduciendo que los altos funcionarios de la presente administración siguen tratando de blindarse a través de esa ley.
Según explicó la parlamentaria, este proyecto de decreto que se pretende aprobar en el Legislativo contempla cuatro categorías, del que Gutiérrez dijo que los parlamentarios han sido sorprendidos al ser convocados de parte del Congreso Nacional para sesionar y aprobar una "Ley de Protección Electoral", de la cual les enviaron el documento que no tiene ni siquiera exposición de motivos.
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La ley en mención sería para proteger altos funcionarios, exfuncionarios y abarcaría hasta personal de segunda y tercera categoría que hayan cesado en sus funciones, agregó Doris, además, la ley contempla la protección especial para el presidente, presidenta y expresidentes de las Comisiones de Seguridad y Defensa nombrados por el Congreso Nacional de la República, así como los miembros de dichas comisiones, cuando así lo aconseje el caso concreto, conforme al análisis del riesgo surgido.
De igual forma, protección para el o la titular de la Servicio de Administración de Rentas (SAR). Asimismo, director y exdirectores generales de la Policía Nacional de Honduras; jueces con competencia Territorial Nacional y otros constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado, esto según la categoría tres del proyecto de ley.
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Gutiérrez externó que esa seguridad que pretenden tener estos funcionarios y exfuncionarios será permanente y que buscan crear un departamento especial de protección dependiente de la DNI y un fideicomiso de 250 millones de lempiras, que sería proveniente de la Tasa de Seguridad, y su director sería nombrado por cinco años. “Crearán un una unidad especial de protección con un presupuesto de 250 millones de lempiras, de los cuales L125 millones serán obtenidos de la Tasa de Seguridad y el otro 50 por ciento del Presupuesto General de la República”, denunció.
Por lo que Doris Gutiérrez puntualizó que los que buscan con esta nueva ley es “contar con protección especial, refugiarse en las ZEDE y escapar de la justicia”.
