Profunda preocupación expresó recientemente el abogado Leonel Núñez por las acciones del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, que parecen socavar la independencia del Ministerio Público y la estabilidad de la institución.
Núñez no escatimó en sus críticas al titular del Congreso Nacional, señalando que las acciones de Redondo están en flagrante violación de la Ley Orgánica del Congreso.
El abogado destacó que Redondo ha amenazado con bloquear el pago de salarios a los funcionarios del Ministerio Público, una medida que podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes.
Una de las cuestiones clave que Núñez subrayó es que ningún funcionario electo por el Congreso tiene la autoridad de abandonar su cargo sin que se elija un sustituto adecuado.
Esta regla es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones del Ministerio Público y la estabilidad de la justicia en el país.
El abogado hizo hincapié en la interinidad del fiscal general, Daniel Sibrián, y mencionó un recurso presentado ante la Sala de lo Constitucional en relación con el artículo 70 de la Constitución. Núñez recordó un recurso anterior, presentado bajo el número SCO-0065-2016, que fue desestimado por la Sala de lo Constitucional en 2017.
Este recurso buscaba reformar el artículo 80 de la Constitución y fue declarado constitucional. En este contexto, Núñez enfatizó que las acciones de Redondo parecen una repetición de una peligrosa tendencia de interferencia en el sistema judicial del país.
El abogado advirtió que las acciones de Redondo podrían constituir un delito según el artículo 570 del Código Penal, que aborda el atentado contra la autoridad y funcionarios públicos.
Según Núñez, las palabras de Redondo podrían caer en la categoría de un delito contra el orden público, atentado, resistencia y desobediencia, según lo establecido en dicho artículo.
"El artículo 570 del Código Penal es claro al decir que aquellos que atentan contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimidan gravemente, hacen resistencia activa grave o emplean la fuerza contra ellos mientras están en el ejercicio de sus funciones de cargo, deben ser castigados como autores de un delito de atentado por las penas de prisión de uno a tres años y multa de 100 a 300 días," explicó Núñez.
Ante esta grave situación, el abogado sugiere que el Ministerio Público puede actuar de oficio y aplicar el artículo 570 del Código Penal. Incluso plantea la posibilidad de presentar un requerimiento fiscal y solicitar un juicio político contra el diputado Redondo por su presunta injerencia en las funciones del Ministerio Público, un acto que podría poner en peligro la independencia y la integridad de una de las instituciones fundamentales de la democracia en el país.
La sociedad y la comunidad legal observan con preocupación el desarrollo de esta situación, y se espera que las autoridades pertinentes tomen medidas adecuadas para garantizar la independencia y la estabilidad del Ministerio Público, así como para asegurar que se respeten las leyes y la Constitución del país.
