Desde hace más de un año, las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 dejaron de funcionar debido a una deuda pendiente de más de 50 millones de lempiras, que el gobierno mantiene con el proveedor del sistema.
El vigente contrato fue establecido por el Congreso Nacional desde el 1 de septiembre del 2021 dando fin el 31 de diciembre del 2028, hasta el momento a la empresa se le adeudan los meses que la presidenta Xiomara Castro lleva gobernando y 7 del gobierno pasado de Hernández.
A través de un comunicado, el 911 notificó que ha sufrido la interrupción en sus operaciones en virtud de que la empresa Dynamic Corporation por decisión independiente, y pese a ser solo un intermediario, bloqueo el acceso a sistemas de vigilancia negándose a renegociar el contrato que se le otorgo a la administración anterior.
Desde el 31 de agosto las instalaciones donde se encuentran situados los servidores están bajo llave, sin acceso por parte de funcionarios del gobierno, quienes denuncian abuso por parte de los empresarios que ponen en riesgo la seguridad de la población.
La investigación elaborada por algunos medios locales, aseguran que Dynamic Corporation, se benefició con cuantiosos contratos con el Estado, y en sus notas destacan que, David Chávez, presidente del Partido Nacional, es socio directo.
