En la investigación sobre el uso de sociedades opacas para esconder dinero, conocida como “Pandora Papers”, en la que han sido señalados al menos 35 líderes latinoamericanos, figuran algunos políticos hondureños, uno de ellos es el favorito para las presidenciales y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura; el vicepresidente Ricardo Álvarez y el exmandatario Porfirio Lobo.
Por lo que, a raíz de la noticia que ha estado causando polémica, el abogado Salomón Amador insta al Ministerio Público a investigar a los políticos mencionados en la investigación “Pandora Papers”, que revela cómo se utilizan las empresas “off shore” en Panamá y otros países.
De los hondureños que figuran en el listado del caso, el informe menciona que “Lobo creó tres compañías en Panamá, dos de ellas mientras era presidente” y que “documentos también apuntan a una conexión con otras dos sociedades panameñas con su hijo y una con su esposa”.
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Asimismo, la publicación establece además sobre Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional y actual alcalde de Tegucigalpa, que, “una firma de abogados registró una empresa (a su nombre) en Panamá llamada Karlane Overseas S.A.”, en 2006. En el caso del vicepresidente Álvarez, quien también fue alcalde de Tegucigalpa, es igualmente señalado por ICIJ como accionista de una firma “offshore”.
El abogado señala que el Ministerio Público debe de actuar e investigar ya que estos hondureños han sido señalados de estar metidos en delitos, “A raíz que ha salido esta noticia, el Ministerio Publico debe actuar de oficio. Ya deberían solicitar a la Unidad de Investigación Financiera adscrita a la CBNS para que revise los movimientos bancarios de estas personas que han sido mencionadas en Panamá”.
A criterio de Amador, los señalados no solo deben justificar que este dinero no viene de la corrupción y narcotráfico, sino tiene que probar el origen licito del dinero, porque en el delito de lavado de activo la carga de la prueba no le corresponde a la autoridad investigadora, sino al encausado le toca justificar la procedencia del dinero. “El Ministerio Público tendrá que promover un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activo simple porque no se justifica la procedencia de todos los bienes, por tanto, debería estar investigado con la unidad cuales fueron las transacciones que hicieron estas personas”, afirmó.
