Al menos unos cinco funcionarios han sido despedidos en las últimas horas, quienes trabajaban en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), y ante ello, estos podrían demandar al Estado alegando sus derechos laborales. Los funcionarios que fueron despedidos estaban devengando salarios que oscilan entre los L65,000 y L90,000 y además se prevén despidos masivos de la Estatal, lo que podría acarrear demandas en contra del Estado.
Los exfuncionarios despedidos habrían sido: Alejandra Suárez – secretaria general, Cristian Erazo – Director ejecutivo, Ana Meza – Directora de Talento Humano, Yanuario Hernández – Director de Gestión Estratégica, y David Sabillón – Inspector general
Estos despidos son parte de las cancelaciones que se comenzaron a aplicar desde que el 27 de enero de 2022 inició el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, quien nombró a Marlon Ochoa como nuevo director ejecutivo de la institución.
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Ante ello, la exjueza en materia laboral, Bessy Godoy, comentó que el Estado si podría ser demandado por parte de las personas despedidas por violentarse sus derechos laborales.
"Con relación a las afectaciones que va a tener el Estado, será una serie de demandas por derechos laborales en el caso de estos funcionarios que devengaban altos salarios", detalló Godoy.
“Esto puede incrementar debido a indemnizaciones por conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, y en su caso, al ser un despido injustificado, los salarios dejados de percibir que corresponderían".
Cabe resaltar, que según la profesional del Derecho, dichos despidos se dan por el “cambio de Gobierno”.