Las medidas de protección siempre han estado en tela de juicio, sobre todo desde que hace siete años falleciera Berta Cáceres, la ambientalista asesinada más reconocida del país. En lo que va del año 2023, ocho líderes sociales han sido asesinados; el mismo número de homicidios a activistas hondureños registrados en el año 2021.
En el 2015 se aprobó el mecanismo de protección que surgió junto a la Ley de Protección y que también opera para periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, pero ¿Por qué no funcionan? Muchos ambientalistas aseguran que los presupuestos se gastan en vehículos blindados y es la razón por la que a las comunidades no les llega nada.
Estos homicidios recuerdan que Honduras es uno de los pases más peligrosos para los defensores ambientalistas, entre 2012 y 2021 la nación centroamericana registró 117 ataques letales y desde entonces los defensores han tenido que enfrentar amenazas, persecución, criminalización y encarcelamiento.
A pesar del peligro, muchos han seguido desempeñando sus labores en el Territorio Nacional. Exigiendo la cancelación de proyectos extractivos y concesiones, principalmente en la zona del Bajo Aguán, Colón y el río Guapinol.
Cabe destacar, que Latinoamérica en el año 2014 se convirtió en la región más peligrosa para los activistas medioambientalistas tras el asesinato de 87 personas, tachando a Honduras como el peor país para defender la naturaleza, según un informe publicado por la organización británica Global Witness. Evidenciando que el Gobierno hondureño necesita hacer más para salvaguardar a los activistas.
