Esposado de pies y manos, Gabriel Rubí, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), fue trasladado desde el Centro Penitenciario Nacional de Támara a los tribunales de Criminalidad Organizada y Corrupción en Tegucigalpa. Rubí enfrenta dos acusaciones graves relacionadas con actos de corrupción cometidos durante la gestión de la pandemia de COVID-19.
La primera acusación en su contra es por la compra irregular de ventiladores mecánicos, un equipo clave en la lucha contra el COVID-19. Según las autoridades, las adquisiciones realizadas bajo su mandato no cumplieron con los procesos adecuados, resultando en un perjuicio significativo para el Estado.
La segunda acusación se refiere a la compra de percoladoras adulteradas y otros artículos supuestamente adquiridos para la atención de la emergencia sanitaria. Estas compras, realizadas durante los momentos más críticos de la pandemia, habrían sido infladas en sus costos y presentaron irregularidades en la calidad de los productos entregados.
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