Hasta el momento son 10 las personas las que se han visto beneficiadas por la Ley de Amnistía para los presos políticos del Golpe de Estado del 2009, con la aprobación de esta ley se espera liberar a aquellas personas que fueron “víctimas del golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, presos que fueron calificados como políticamente motivados”.
El primero en verse beneficiado por dicha ley fue, José Antonio Meza, quien habría sido encarcelado en el año 2009 por los delitos de terrorismo e incendio agravado, el acusado había huido del país y escapado a El Salvador, pero fue capturado luego de que intentase ingresar nuevamente al país para asistir a la vela de su madre. En 2022 salió libre gracias a la amnistía la cual le fue concedida.
Los ambientalistas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) mayormente conocidos como los defensores de Guapinol, fueron detenidos en el año 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, en una zona protegida ya que afectaría los ríos San Pedro y Guapinol. Los ocho acusados fueron acusadas de “secuestro” e incendiaron contenedores.
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El pasado 10 de febrero fueron absueltos de sus cargos y liberados luego de más de dos años en prisión preventiva mientras se resolvía su situación.
Uno de los más polémicos que se beneficiaron por la ley de amnistía fue Enrique Flores Lanza, uno de los principales acusados de supuestamente extraer más de 30 millones de lempiras del Banco Central de Honduras, conocido como el caso del “Carretillazo”, lanza habría huido del país, pero recientemente con la aprobación de la ley fue absuelto de sus cargos y podrá regresar al país, ya que se encontraba prófugo en el país vecino de Nicaragua.
Ante esta situación, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público expresó que “he escuchado que hay otras personas que también están haciendo el trámite y el procedimiento que está establecido en la ley para acogerse a la amnistía, eso ya depende de los jueces ejecutar o no lo que es ley”.
Mora agregó que “en el pasado el Congreso modifico leyes importantes como por ejemplo la del Tribunal Superior de Cuentas, cuando el Ministerio Público a través de la UFERCO, acuso a muchos diputados por haber cometido actos irregulares con el fondo departamental entre otros dineros, el CN anterior modifico la ley del Tribunal Superior de Cuentas y establece que para que el Ministerio Público pueda llevar a cabo una investigación con un procedimiento contra estas personas, primero tiene que hacerse un informe de la investigación por parte del TSC y este puede durar hasta tres años, en el caso del TSC, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, sin embargo, aún no ha sido resulto o fue resulto a favor del Congreso Nacional”
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Cabe agregar que en las próximas horas se sabrá si Marcelo Chimirri, ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) será el siguiente beneficiario por la ley de amnistía, Chimirri fue encontrado culpable en 2017 por no poder justificar 16 millones de lempiras que habría obtenido mientras fungía como funcionario de dicha institución.
Posteriormente en 2018 fue acusado por abuso de autoridad y fraude en el millonario soborno que involucró a la empresa estadounidense Latin Node.
