¿DEBE RENUNCIAR RIXI MONCADA A SU CARGO COMO MINISTRA DE DEFENSA?
Analistas políticos han señalado que la decisión de la presidenta Xiomara Castro sobre el nombramiento de Rixi Moncada como secretaria de Defensa podría tener importantes implicaciones para su precandidatura presidencial.
De acuerdo con los expertos, la Constitución de Honduras, en su artículo 240 reformado en 2018, prohíbe la elección presidencial de aquellos que ocupen ciertos cargos, incluyendo a los secretarios y subsecretarios de Estado. Si Moncada asume el cargo de ministra de Defensa, quedaría inhabilitada para participar en las elecciones.
La figura de Moncada se convierte en un símbolo de las tensiones entre el poder político y el militar, subrayando la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones y el respeto por la legalidad para la consolidación de la democracia en el país.
La Constitución de Honduras, en su Artículo 41, garantiza el derecho a la participación política, pero también establece la necesidad de un equilibrio en el ejercicio de los cargos públicos, lo cual es esencial para preservar la imparcialidad en los procesos democráticos.
El Artículo 238 de la Constitución de Honduras establece que los funcionarios públicos no pueden postularse a cargos de elección popular durante los seis meses previos a las elecciones. Esta norma busca prevenir el uso indebido de recursos estatales y garantizar condiciones de equidad en los procesos electorales.
Si Rixi Moncada sigue siendo precandidata presidencial del partido Libre y faltan solo mes y medio para las elecciones primarias, entonces estaría incumpliendo esta disposición constitucional, ya que su condición de funcionaria pública debería haber cesado seis meses antes del evento electoral.
Las Fuerzas Armadas deben actuar como garantes imparciales del proceso electoral, y su vinculación con un candidato genera dudas sobre la equidad y transparencia del proceso. No puede ser candidata y titular de la Secretaría de Defensa a la vez sin comprometer la transparencia electoral. La Ley de Proceso Electoral refuerza estos principios, estableciendo normas que garantizan la equidad y la transparencia en los procesos electorales.
Los artículos 51 y 64 exigen que los funcionarios se abstengan de realizar acciones que puedan influir en el desarrollo de las elecciones. La decisión de Moncada de no renunciar a su cargo, a pesar de su aspiración a la presidencia, puede interpretarse como una violación de estos principios, lo que genera dudas sobre la ética de su conducta y la legitimidad de su candidatura.
Por otro lado, la situación se agrava con los señalamientos hacia el ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Lucky Medina, quien actualmente funge como jefe de campaña electoral de Moncada. Sectores de oposición exigen su renuncia inmediata, argumentando que su participación en actividades político-partidarias interfiere con sus responsabilidades institucionales. Los críticos catalogan este doble rol como un claro abuso de poder y un acto de corrupción, prácticas que Libre cuestionaba fuertemente cuando era oposición.
Asimismo, el Partido Liberal de Honduras ha solicitado la renuncia de Rixi Moncada, destacando que su posición como ministra de Defensa y su aspiración presidencial representan un conflicto de intereses. Según la oposición, esta dualidad de roles compromete la transparencia y equidad de los procesos democráticos.
