Las recientes declaraciones del director general Marlon Ochoa, en las cuales acusa al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de ser una "mafia" y de estar vinculado a un supuesto brazo narco-político denominado BOC, han generado una profunda controversia en Honduras.
Estas afirmaciones, realizadas el pasado 6 de septiembre, merecen una evaluación crítica por su gravedad y sus implicaciones para el clima político y económico del país.
En primer lugar, es importante destacar que utilizar términos como "mafia" para describir a un ente empresarial representa una simplificación peligrosa y desacertada.
El Cohep es una organización que representa y promueve los intereses de las empresas privadas en Honduras y, como tal, tiene una función legítima en la sociedad. Acusarlo de ser una mafia sin presentar pruebas concretas socava la credibilidad del debate público y dificulta la búsqueda de soluciones constructivas.
Las acusaciones de Ochoa sobre un presunto brazo narco-político dentro del Cohep también son extremadamente serias y deben ser respaldadas por evidencia sólida antes de ser consideradas creíbles.
Hacer tales afirmaciones sin pruebas concretas es irresponsable y puede tener graves consecuencias para la reputación y la estabilidad de la organización.
Además, las declaraciones de Ochoa han sido señaladas por el Cohep como una violación flagrante de las obligaciones de conducta ética establecidas en el Código de Conducta Ética del Servidor Público.
Si esto es cierto, debería ser investigado de manera adecuada y las consecuencias legales correspondientes deberían aplicarse si se demuestra que Ochoa ha incumplido sus obligaciones éticas como servidor público.
Por otro lado, el Cohep ha argumentado que las declaraciones de Ochoa han tenido un impacto negativo en la inversión y en la economía del país, lo que ha llevado a la salida de empresas y a la pérdida de empleos.
Si bien es cierto que las palabras de líderes políticos y empresariales pueden influir en la confianza de los inversionistas, es fundamental recordar que las acusaciones sin fundamento también pueden erosionar la confianza en el sistema y generar incertidumbre.
El titular de la SAR, Marlon Ochoa ha desencadenado una serie de reacciones y preocupaciones legítimas. Sin embargo, es esencial abordar este tipo de controversias con un enfoque basado en la evidencia y el respeto mutuo.
En lugar de recurrir a acusaciones sin fundamento, es importante promover un diálogo constructivo y transparente que permita abordar los problemas reales que enfrenta Honduras de manera efectiva y responsable.
