La abogada Sabrina Shroff, integrante del equipo legal del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ha presentado una solicitud urgente al Juez Kevin Castel de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La petición exige la entrega inmediata de la totalidad de la información clasificada solicitada por la defensa antes de la audiencia de información clasificada programada para el 16 de enero de 2024.
En la carta dirigida al juez, Shroff fundamenta la solicitud en la persistente negativa del Gobierno de los Estados Unidos a proporcionar la información requerida desde el 26 de diciembre de 2023.
La defensa destaca que el juez había autorizado previamente la petición de Hernández para que su equipo legal examinara algunos documentos clasificados relacionados con el juicio.
Shroff enfatiza que, de acuerdo con la Regla 16 de la Regla Federal de Procedimiento Penal, el gobierno tiene la carga de revelar cualquier declaración escrita o grabada relevante del acusado.
La abogada subraya que esta obligación no se ve afectada por la naturaleza clasificada de la información y espera con ansias la divulgación por parte del gobierno.
La defensa revela que la información clasificada actual incluye documentos denominados "CBU" (Confidencial, pero sin clasificar) y ha solicitado al gobierno confirmar que todo el material de CBU ha sido proporcionado a Hernández a través de su abogado de manera adecuada.
La demora del gobierno en la entrega de información clasificada se percibe como un desacato a la resolución del juez y una transgresión a la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA).
Además, la Fiscalía solicitó recientemente una nueva prórroga para responder a la resolución del 20 de diciembre y la carta de la abogada Shroff, generando preocupaciones sobre el respeto a los plazos establecidos por el tribunal.
Ante esta situación, la exprimera Dama Ana García de Hernández cuestiona la equidad del proceso, señalando posibles violaciones a los derechos fundamentales de su esposo.
García sugiere que el juicio podría convertirse en un proceso político, destacando las dificultades de acceso a información exculpatoria y la solicitud de prórroga por parte de la Fiscalía.
La defensa reitera la inocencia de Juan Orlando Hernández y confía en que la verdad prevalecerá, comprometiéndose a demostrar la injusticia que alega su cliente.
El proceso judicial, originalmente destinado a abordar acusaciones de narcotráfico, se encuentra ahora bajo escrutinio debido a las demoras y desafíos en la entrega de información esencial para la defensa.
