En recientes declaraciones, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, ha lanzó duras críticas contra el pacto de impunidad, exigiendo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declare inconstitucional y con efecto retroactivo. Según Díaz, dicho pacto fue aprobado de manera irregular por una junta directiva del Congreso que, en su opinión, actuó en usurpación de funciones, violando el debido proceso y sin los votos necesarios. "Este tipo de accionar es constitutivo de delito, y la CSJ debe restablecer el orden", afirmó la legisladora.
Díaz también señaló que el pacto de impunidad ha servido para exculpar a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), lo que, según ella, representa una clara violación de la justicia. "Lastimosamente, se han aprovechado para exculpar a todos los que fueron funcionarios en ese gobierno", denunció, subrayando que esto socava la credibilidad del sistema judicial y perpetúa la impunidad en el país.
La legisladora no se limitó a criticar el pacto de impunidad, sino que también señaló la irresponsabilidad del Congreso Nacional en la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes). En 2022, según Díaz, se votó para derogar estas zonas, pero el actual coordinador del Congreso ignoró el proceso y no sometió el tema nuevamente a discusión.
Díaz concluyó exigiendo coherencia y transparencia, afirmando que aquellos que apoyaron las Zedes deben asumir responsabilidad. En ese sentido, señaló que el Luis Redondo "encabezará la lista" de quienes promovieron la aprobación de las Zedes y exigió que también se haga pública la lista de los diputados que votaron a favor de ellas.
