Legisladores de la fuerza conservadora opositora Propuesta Republicana (Pro) presentaron este lunes varios proyectos de ley dirigidos a retirar la custodia y la pensión vitalicia como expresidente al peronista Alberto Fernández (2019-2023), quien ha sido denunciado por su expareja por presunta violencia de género.
El diputado Damián Arabia, impulsor de una de las propuestas, presentó un proyecto que establece la eliminación de todos los “beneficios otorgados en reconocimiento a los cargos y/o funciones” a cualquier persona que, durante o después de haber ejercido como presidente o vicepresidente de la Nación, sea objeto de procesamiento judicial penal.
“Presenté un proyecto de ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente. Y también para que se les suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio”, afirmó Arabia en la red social X.
Por su parte, la diputada Silvana Giudici, respaldada por una docena de legisladores del Pro, presentó un segundo proyecto que también busca quitar la pensión vitalicia especial a los expresidentes en caso de ser condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de su función pública.
“Presentamos desde el bloque Pro un proyecto para quitarle la pensión de privilegio a Fernández. No debe sostenerse con los impuestos de los argentinos un inhábil moral y violento como ese señor”, expresó Giudici en su cuenta en X.
El proyecto de Giudici no solo contempla la pérdida de la pensión vitalicia, sino que también inhabilita al expresidente para ocupar cargos públicos o representar al país en cualquier ámbito. Asimismo, propone el cese de la custodia en caso de que sea condenado.
“No podemos permitir que una persona acusada de delitos aberrantes y violencia de género siga gozando de los privilegios a los que accedió en su condición de expresidente”, añadió Giudici.
Denuncia contra Alberto Fernández
La iniciativa legislativa surge después de que Fabiola Yáñez, de 43 años, decidiera el 6 de agosto impulsar una denuncia contra el expresidente Fernández. La denuncia se basa en hallazgos de la Justicia argentina, que en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias del exmandatario, descubrió en el teléfono móvil de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género” hacia Yáñez.
Tras la denuncia, el juez federal Julián Ercolini prohibió a Fernández salir del país y le ordenó no acercarse ni contactar por ninguna vía con Yáñez, quien declaró estar sufriendo “terrorismo psicológico” por parte del exmandatario.
