En un desarrollo preocupante que ha captado la atención pública y generado debates sobre la transparencia gubernamental, se ha revelado que desde el año 2022, un total de 13 instituciones públicas hondureñas han solicitado formalmente la reserva de información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estas solicitudes abarcan datos que tradicionalmente han sido de dominio público.
Entre las entidades que han pedido estas reservas se encuentran el Sistema Nacional de Emergencia 911, el Instituto Nacional Penitenciario, el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Secretaría en los Despachos de Energía, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.
La diputada Maribel Espinoza ha comentado al respecto, señalando que “bajo el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro se ha registrado un incremento notable en la secretividad de la información en las instituciones públicas”. La preocupación de Espinoza y de otros líderes políticos y civiles es que esta tendencia pueda afectar negativamente la rendición de cuentas y la confianza del público en sus líderes e instituciones.
