El abogado y experto en arbitraje internacional, Javier Briceño, ha dice públicamente que la retirada de Honduras del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no protegerá al país de futuras demandas de arbitraje.
En 2024, Honduras ha recibido su primera demanda de arbitraje de inversión, que es la décima en lo que va del gobierno actual. El pasado 24 de febrero, la administración de la presidenta Xiomara Castro notificó al Banco Mundial su retirada del CIADI, argumentando que dicha medida “desplaza la función de los tribunales de la República y limita el cumplimiento de las decisiones del Gobierno democrático”, según la Procuraduría General de la República (PGR).
La mayor de las acciones legales en curso ante el CIADI ha sido presentada por la empresa estadounidense Próspera Inc., que reclama más de 10,000 millones de dólares como indemnización por la decisión de Honduras de derogar la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE’s). Esta suma equivale a dos tercios del presupuesto anual del país.
Pese a la retirada anunciada, el CIADI registró el pasado 2 de julio una nueva solicitud de arbitraje contra el Estado de Honduras. Esta vez, la demanda fue interpuesta por la compañía colombiana Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S., lo que subraya la complejidad y persistencia de los conflictos legales internacionales en los que se encuentra inmersa Honduras.
Javier Briceño explicó que la retirada del convenio no es una solución mágica y que Honduras sigue expuesta a demandas de arbitraje de inversión. "La única salida viable para evitar estos conflictos es la creación de políticas correctas y una estricta rendición de cuentas," manifestó Briceño, destacando la necesidad de un enfoque estratégico y transparente en la gestión de las inversiones extranjeras y los acuerdos internacionales.
