Recientemente el Instituto de la Propiedad expresó su apoyo a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República y del Decreto 120-2013, relacionados con la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Esta histórica resolución es vista como un avance significativo en la defensa de la soberanía nacional y la protección de los recursos y territorios hondureños. La derogación de dichas disposiciones no solo representa una victoria para la justicia, sino también una reafirmación del poder popular.
El Instituto de la Propiedad destacó que, bajo el gobierno anterior, el Decreto 120-2013 había sido utilizado para entregar parte del territorio nacional a intereses extranjeros, poniendo en riesgo la autodeterminación de la nación. Con este fallo, el Instituto, bajo la dirección de la Comisión Interventora, reafirma su compromiso de defender la soberanía y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.
Concluyen que Honduras ha dado un paso adelante en su lucha por la justicia, la equidad y el respeto a la soberanía, comprometiéndose a asegurar que el territorio nacional no sea utilizado como moneda de cambio.