En tal sentido, el primer artículo de este decreto señala que las compañías emisoras u operadoras y concesionarios de servicios de tarjetas de crédito o débito deben adecuar sus sistemas dentro de un plazo máximo de 20 días calendario.
El decreto también pide derogar el artículo 212 del Código Tributario, que autoriza a la Secretaría de Finanzas para emisión de resoluciones de años anteriores a la publicación del decreto 170-2016. Asimismo, solicito eliminar las exoneraciones a los servicios de construcción, servicios bancarios y financieros, compraventa y el arrendamiento con opción de adquirir bienes inmuebles.
Asimismo, tanto como analistas, representantes del sector privado reconocen que el gobierno necesita de fondos para cubrir los gastos y el pago de deuda pública, sin embargo, afirman que el sector más afectado con la aprobación de esta ley sería el consumidor, la sociedad hondureña. Cabe recordar, que a estas medidas anteriormente se oponían los funcionarios actuales antes de llegar al poder.
