La empresa Grupo MSA de Argentina fue contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la que se le pagará 5.9 millones de dólares para digitalización de las actas y el conteo rápido de votos o el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para el día de las elecciones, se conoce que dicha empresa habría presentado documentación falsa para cumplir con los requisitos de experiencia comprobada en este tipo de consultorías que se exigían en los términos de referencia para la adjudicación del contrato.
La denuncia fue interpuesta por Jesús Mejía, quien descubrió las irregularidades, y dos días después fue despedido del CNE. Entre los documentos presentados figura una certificación supuestamente emitida por la Provincia de Río Negro, Argentina, que tiene una fecha de emisión que es dos años después que la fecha de legalización, lo cual es imposible, porque la legalización o apostillado siempre debe ir posterior a la fecha de elaboración de la nota, en caso de ser verdadero el documento.
Según la nota presentada por Grupo MSA, esa certificación se emitió 4 de junio de 2019, pero la apostilla que le da valor legal al documento es del 5 de abril del 2017, más de dos años antes, lo cual es imposible pues apostillaron el documento dos años antes de haberlo redactado, donde presenta claramente que hay una irregularidad.
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Esta posible falsificación está siendo investigada, así como otros documentos que presentó la empresa para identificar si la irregularidad en el cumplimiento de los requisitos que el CNE le pidió a todas las empresas participantes se dio sólo en esta certificación.
Uno de los requisitos que no cumplió es la de demostrar experiencia en comicios nacionales, la documentación presentada le confiere alguna participación en elecciones provinciales, no nacionales, como la de Honduras que tiene mayor complicación por ser tres en una, la presidente, diputados y alcaldes.
