El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses, señalándolos por su participación en el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La medida, que busca sancionar directamente a aquellos implicados en acciones contrarias a los principios democráticos y los derechos humanos en Nicaragua, llega en medio de la continua preocupación internacional sobre la situación política y social en el país centroamericano.
El gobierno estadounidense ha expresado su rechazo a la reelección de Ortega en 2021, la cual considera fraudulenta, y ha condenado enérgicamente la ola de detenciones de opositores políticos, así como las acciones de represión y persecución contra la sociedad civil, la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado afirmó: "Hemos impuesto restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el gobierno de Ortega-Murillo.
Esta medida refleja nuestro compromiso de responsabilizar a aquellos que participan en acciones represivas que atentan contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua".
El gobierno del presidente Joe Biden ha acusado al régimen de Ortega de mantener una campaña represiva que busca silenciar a la sociedad civil y detener de manera injusta a personas que ejercen sus libertades fundamentales.
Estas medidas se suman a las sanciones previamente impuestas por Estados Unidos en respuesta a la represión de las protestas de 2018 en Nicaragua, y reflejan el compromiso continuo del gobierno estadounidense de apoyar los principios democráticos y los derechos humanos en la región.
