El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha implementado duras medidas que prohíben el ingreso de bebidas y alimentos para los empleados públicos que mantienen tomadas las instalaciones del edificio del Centro Cívico Gubernamental.
Esta acción ha generado preocupación, especialmente en el caso de una empleada pública que se encuentra en estado de embarazo y hasta el momento no ha podido alimentarse adecuadamente debido a la restricción.
Los empleados afectados mencionan que esta medida es percibida como un medio de represión, destinado a presionarlos para que abandonen las instalaciones y permitan el retorno a la normalidad en el edificio.
La situación ha suscitado críticas y solicitudes de reconsideración por parte de diversos sectores, quienes subrayan la importancia de garantizar el bienestar y la salud de todos los empleados públicos, especialmente de aquellos en condiciones vulnerables, como la empleada embarazada.
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