TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) REMITE AL MINISTERIO PÚBLICO INFORME
CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL EN COMPRAS REALIZADAS POR COPECO
Investigación Especial detectó una serie de irregularidades en la compra de ventiladores
mecánicos entre algunas:
• Se realizó la compra del equipo médico sin que existiera solicitud de la Secretaría de Salud.
• No se verificó que la empresa era o no apta para contratar con el Estado de Honduras.
• No se elaboró, firmó ni aprobó un contrato de adquisición de los bienes, no hay orden de
compra, ni si realizaron cotizaciones, tampoco existe acta de recepción de los equipos.
• Se compraron ventiladores mecánicos, modelo Vivo 50 y Vivo 65 a pesar de las alertas
emitidas por la FDA, de los Estados Unidos de América.
• Se comprobó negligencia en la compra de ventiladores mecánicos, por estar incompletos.
• Algunos ventiladores nunca entraron en funcionamiento y otros se encuentran
embodegados en los hospitales por no cumplir con las expectativas para el manejo del
COVID-19.
• Se constató que los ventiladores y succionadores, no cumplen con las especificaciones
técnicas para la atención de pacientes COVID-19; personal médico recomendó su no uso.
• Se detectaron inconsistencias en las facturas, no son originales, sin sellos ni firmas de la
empresa emisora. No se encontró la dirección de página web
www.partnersmedicalsupplies.com ni existe el correo electrónico
“[email protected]”, descritas en la factura.
• Las facturas de la transacción aparecen a nombre de la empresa “Partners Medical
Supplies, Inc, dba: City Stair Lift” y la transferencia de pago fue realizada a la empresa
“International Medical Equipment, LLC.
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó ayer al Ministerio Público (MP) el
Informe Especial No. 001-2020-CEAC-GAE-COPECO-A que contiene indicios de Responsabilidad
Penal en compras y almacenamiento de ventiladores mecánicos ejecutadas por la Secretaría de
Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional por el Covid-19.
Del análisis de las pruebas recabadas el TSC encontró méritos suficientes para remitir un nuevo
informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública
ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan.
A dicho informe lo acompañó el Oficio No. 008-2021-SG-TSC dirigido al Fiscal General de la
República, Óscar Fernando Chinchilla, mediante el cual se oficializa la formal entrega del mismo,
para los efectos legales correspondientes.
El presente informe contiene elementos sólidos para acreditar la existencia de responsabilidad
penal, que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales.
Hallazgos
La Investigación Especial a las compras y su almacenamiento, para afrontar la emergencia nacional
por el Covid-19, comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo
presentada por Copeco, con énfasis en la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70
y 90 baterías, 90 Ventiladores Trilogy Evo portables: incluye tubo, mascarilla y batería; y la
adquisición de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías.
Para la compra del equipo el proveedor presentó ante Copeco facturas por el valor de $2,280,410.00
(unos 56.3 millones de lempiras al cambio en la fecha en que se realizaron las transferencias),
incumpliendo las leyes, reglamentos, disposiciones de control interno y procedimientos
administrativos establecidos, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe, perjuicios
a la salud y la economía del país ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria
por el Covid-19, afectó para que la misma no fuera atacada de manera adecuada.
En el transcurso de la investigación, la Comisión Especial de Auditoría asignada por el TSC a Copeco,
encontró una serie de inconsistencias que constituyen conductas con indicios de responsabilidad
penal en el proceso de compra y recepción de ventiladores mecánicos, baterías y equipo de
asistencia para la tos.
El TSC constató que Copeco, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, realizó la
compra de equipo de asistencia médica respiratoria, a la empresa denominada “International
Medical Equipment, Inc”, la cual, según el expediente documental, cuenta con su sede de
operaciones en la ciudad de New York, Estados Unidos de América.
La primera factura, No. 14742, de fecha 9 de marzo de 2020, corresponde a la compra de 90 equipos
de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, por un monto de 377,910 dólares.
La segunda, con No. 14745, del 12 de marzo de 2020, refiere a la adquisición de 90 ventiladores
Trilogy Evo portables, incluyendo tubo, mascarilla y batería, por un valor de 904,590 dólares.
La tercera factura, No. 14748, del 16 de marzo 2020, corresponde a la compra de 40 ventiladores
Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, por la suma de 997,910 dólares.
Luego de revisar la documentación soporte de la compra antes descrita se detectaron varias
inconsistencias en el proceso de adquisición y recepción, entre ellas que no existe solicitud de parte
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que exprese la necesidad de realizar la compra
de estos equipos médicos.
Se determinó que las atribuciones fueron tomadas indebidamente por el Secretario de Estado en
los Despachos de Copeco y la Dirección Administrativa y Financiera de dicha entidad, sin contar
con la opinión de la Secretaría de Salud, contraviniendo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos (Sinager).
Asimismo, no se cumplió con algunos requisitos legales, técnicos y administrativos previos y
posteriores a la realización del proceso de compra, para el caso no se verificó que la empresa era
o no apta para contratar con el Estado de Honduras, no se solicitó la Declaración Jurada
autenticada de la empresa extranjera de no tener inhabilidades, ni se constató que tuviera
solvencia económica y capacidad financiera ya sea para fabricar o suministrar los equipos
médicos adquiridos.
No se elaboró, firmó ni aprobó un contrato de adquisición de los bienes, tampoco se elaboró una
orden de compra, con el fin de dejar establecido y asegurar plenamente los derechos del Estado
frente al contratista.
Esta situación generó que no se regularan o garantizaran los requerimientos técnicos y legales
necesarios en las adquisiciones como son lugar y plazos de entrega, precios, penalizaciones por
incumplimiento, eventos de fuerza mayor y caso fortuito, resolución de conflictos etcétera.
Se verificó que previo a la recepción de los bienes no se elaboró un acta de recepción provisional
o definitiva de los equipos médicos en virtud que la compra nunca ingreso a Copeco, se hizo la
entrega a representantes de Salud y se distribuyó desde la Fuerza Aérea de Honduras a las
unidades médicas.
No se realizaron cotizaciones con otras empresas sobre las compras realizadas, no se
establecieron garantías de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato y de calidad,
en vista que no se elaboró Contrato ni se elaboró una Orden de Pago para el trámite
administrativo.
La contratación directa no fue aprobada mediante Acuerdo Ejecutivo de Copeco, tampoco se
notificó al TSC tal como lo manda la Ley, ni se verificó por parte de Copeco, que la empresa era
idónea para la contratación, por lo tanto, no se aseguró que los insumos o bienes que esta
entregaría cumplían con todos los requisitos de calidad y especificaciones técnicas requeridas.
La investigación del TSC constató que se compraron ventiladores mecánicos, modelo Vivo 50 y
Vivo 65 a pesar de las alertas emitidas y circuladas por la Administración de Alimentos y Bebidas
de los Estados Unidos de América (FDA).
Asimismo, en el transcurso de la auditoría se comprobó negligencia en la compra de ventiladores
mecánicos, por estar incompletos; de acuerdo a informes técnicos de varios hospitales carecían
de ciertos accesorios e insumos indispensables, lo cual originó problemas para que funcionaran
de manera inmediata en la pandemia.
Esta irregularidad en la compra dio como resultado que el Estado erogara recursos adicionales por
la cantidad de L.4,602,075.00, en la adquisición de los accesorios faltantes. Esta compra se le
delegó a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
En el transcurso de la Auditoría se verificó, de acuerdo a los reportes presentados por la Secretaría
de Salud y los directores de hospitales de las diferentes regiones del país, que algunos ventiladores
nunca entraron en funcionamiento y otros se encuentran embodegados en los hospitales por no
cumplir con las expectativas para el manejo del COVID-19 y otros por la falta de accesorios e
insumos.
Se comprobó que los ventiladores y succionadores para la tos, no cumplen con las especificaciones
técnicas para la atención de pacientes COVID-19 y personal médico recomendó su no uso.
Se verificó que facturas soporte de la transacción no son originales y presentan algunas
inconsistencias, no cuentan con sellos y firmas de la empresa emisora, no se encontró la dirección
de página web www.partnersmedicalsupplies.com ni existe el correo electrónico
“[email protected]”, descritas en la factura.
En el expediente del pago se encontró que en las facturas soporte de la transacción aparecen a
nombre de la empresa “Partners Medical Supplies, Inc, dba: City Stair Lift” y la transferencia de
pago fue realizada a la empresa “International Medical Equipment, LLC.
Finalmente, se verificó un faltante en la cantidad de ciento cuatro equipos de asistencia para la
tos (Cough Assist T-70 Phillips) y ochenta y cuatro baterías lo que representa un perjuicio de
$358,696.00.
Los hechos encontrados incumplen entre otra normativa, la Constitución de la República, la Ley de
Contratación del Estado y su Reglamento, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica del año 2020, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto
Ejecutivo Numero PCM 005-2020, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Sinager.
La Auditoría a Copeco sobre las compras en el marco de la emergencia sanitaria continúa, los
informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización.
El TSC reitera su firme compromiso de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos
asignados para atender la Emergencia Sanitaria Nacional por los efectos del covid-19.
Tegucigalpa M.D. C., 21 de enero, 2021
Acceda al contenido completo del informe presionando el siguiente enlace:
https://www.tsc.gob.hn/web/auditorias/auditorias_especiales/001-2020-CEAC-GAE-COPECO-A.pdf