El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), ha iniciado una investigación sobre supuestas irregularidades en el uso de fondos destinados a obras de mitigación de riesgos por desastres naturales.
Un equipo especializado del Ministerio Público está llevando a cabo inspecciones, avalúos y toma de declaraciones en diversas partes del país. Estas acciones se centran en la construcción de puentes cuyo propósito era reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres naturales que afectan a las municipalidades amenazadas por los efectos del cambio climático.
El financiamiento para la construcción de vados, puentes y cunetas, entre otros, proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el año 2010, el gobierno hondureño firmó un convenio de préstamo con el BID por un monto superior a los 400 millones de lempiras. El proyecto de mitigación fue diseñado para ejecutarse en 10 municipios priorizados por su alta vulnerabilidad en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque, Atlántida, Santa Bárbara, El Paraíso, Choluteca, Olancho y Colón.
Los municipios priorizados para este proyecto son:
- Corquín (Copán)
- Gracias, Lepaera y San Manuel Colohete (Lempira)
- Sensenti, San Marcos y San Francisco del Valle (Ocotepeque)
- Tela (Atlántida)
- Atima y San Luis (Santa Bárbara)