Pese al anuncio de volver a retomar las sesiones legislativas el 17 de octubre, esto quedó en papel mojado ya que hasta la fecha aún no existen acuerdos para volver a trabajar, cumpliéndose 100 días de paralización, la directiva del Congreso Nacional (CN) sigue sin dar claridad sobre el retorno a la celebración de sesiones del pleno.
La parálisis legislativa ha sido duramente criticada y desde el mismo partido de gobierno han reconocido que deberán extender las sesiones durante el mes de diciembre que es cuando tienen vacaciones.
Dicha crisis en el Parlamento hondureño, que no celebra sesiones ordinarias, sigue sin visos de solución por las posiciones cerradas entre las bancadas del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) y los opositores Nacional, Liberal y Salvador de Honduras. Perjudicando varios temas de interés en el país.
La situación se complicó el 1 de noviembre pasado, cuando la Junta Directiva, bajo el control del oficialista Partido Libre, nombrando una Comisión Permanente y éste a su vez eligió de manera interina a Johel Zelaya y Mario Alexis Morazán como fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP).
Mientras la oposición aprobó la extensión de sesiones ordinarias y calificó de abusiva e ilegal la actuación del oficialismo. En donde hasta organizaciones de sociedad civil coinciden en que la designación de ambos fiscales es ilegal y violatoria de la Constitución de la República, puesto que deben ser electos con 86 votos de los 128 de los congresistas y no por los nueve que integran la comitiva.
Toda esta problemática tiene como contexto que Honduras tiene dos Parlamentos, uno que rige la recién creada Comisión Permanente, conformada por nueve diputados de Libre y otro compuesto por 74 de las tres principales bancadas de oposición, que convocan a sesiones fuera del Legislativo para rechazar lo que aprueban los oficialistas.