El traslado de 14 mujeres acusadas de fraude y otros delitos por haber cobrado salarios como médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula ha generado una fuerte reacción en la opinión pública. El empresario Eduardo Facussé, a través de su cuenta en la red social X, ha expresado su crítica a las autoridades, señalando que la verdadera responsabilidad recae en quienes ordenaron y autorizaron el ingreso de estas personas en la planilla del IHSS.
"El que dio la orden/autorizó el ingreso de estas personas a la planilla del IHSS es el mayor culpable. Por ahí se debe comenzar para desenredar la madeja", manifestó Facussé, dejando entrever que la investigación debería apuntar a los altos funcionarios involucrados en la estructura de corrupción.
Las acusadas fueron trasladadas desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán, hasta los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en San Pedro Sula. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fueron transportadas en un camión del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y custodiadas por agentes de la Policía Militar y la Policía Penitenciaria.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ejecutó 22 órdenes de captura por el saqueo a las finanzas del IHSS en San Pedro Sula. La acusación presentada incluye delitos de fraude, falsificación de documentos públicos y falsificación de sellos oficiales. Entre las principales señaladas están dos exempleadas del Departamento de Compensación Salarial del IHSS: Suyapa Isabel Carranza Rodríguez y Eliana Yessenia Bonilla López, quienes supuestamente introdujeron en el sistema una plantilla fantasma compuesta por 20 personas que recibieron sueldos de 35,000 lempiras mensuales sin ser médicos.
Según la investigación, para consumar el fraude, las implicadas falsificaron la firma y sello de la subjefa de personal del IHSS, lo que permitió abrir cuentas bancarias y realizar los pagos a estos falsos médicos. Tras recibir los fondos, los involucrados retiraron el dinero de una agencia bancaria. Se estima que el perjuicio económico asciende a 1,827,374.02 lempiras.
Mientras las acusadas eran trasladadas a los juzgados, familiares y vecinos del sector de los bordos de San Pedro Sula se congregaron para exigir justicia. Entre lágrimas y desesperación, defendieron la inocencia de sus seres queridos, asegurando que fueron utilizadas por una red de corrupción mucho mayor.
"Ellas son inocentes, son víctimas de los delincuentes, las utilizaron", exclamó la madre de una de las detenidas.