La reciente decisión del gobierno hondureño de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. Gabriela Castellanos, titular del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha expresado su desacuerdo de manera contundente, calificando la medida como una maniobra desesperada que pone en riesgo el Estado de derecho en Honduras.
La controversia comenzó tras la denuncia de la presidenta Xiomara Castro sobre el tratado, seguida de la renuncia de su cuñado, Carlos Zelaya, a su cargo en el Congreso Nacional, en medio de acusaciones de su vinculación con el narcotráfico.
Castellanos ha descrito la denuncia del tratado como un acto de arrogancia política, con el potencial de desestabilizar aún más el frágil equilibrio en el país. Según ella, la eliminación de este acuerdo crucial no solo debilita la capacidad de Honduras para enfrentar el crimen organizado, sino que también podría fomentar un entorno en el que los grupos criminales operen con mayor libertad. El tratado de extradición ha sido una herramienta esencial en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y su eliminación representa una grave amenaza para la seguridad y estabilidad regional.
La decisión de acabar con el tratado ha sido vista por muchos como un intento de proteger a individuos dentro del gobierno que podrían estar bajo la vigilancia de la justicia internacional. Castellanos advierte que esta medida podría ser el preludio de una era oscura para el país, en la que la impunidad y el crimen organizado se vean favorecidos por la falta de mecanismos internacionales para su persecución. La medida también podría tener severas repercusiones económicas, al desalentar la inversión extranjera y perjudicar las relaciones económicas con otros países, particularmente con Estados Unidos, asegura la titular.
La crítica de Castellanos también apunta a la falta de consideración del gobierno sobre las graves consecuencias de su decisión. Según ella, la eliminación del tratado no es un asunto trivial y debe ser abordado con seriedad. La medida podría debilitar el Estado de derecho y la cooperación internacional, agravando la crisis política y social en la nación. La crítica se dirige igualmente hacia la "megajusticia" del país, que ha sido acusada de ser un criadero de jueces amaestrados, al servicio de intereses delictivos.
La comunidad internacional, señala Castellanos, debe responder con firmeza ante esta violación de los principios de gobernanza global. La manipulación de las leyes nacionales para consolidar el control del Estado y reprimir a la oposición política pone en riesgo los derechos humanos y el orden internacional. Para Castellanos, esta situación recuerda a los días oscuros de la Colombia de los 80, cuando los "Extraditables" desafiaron los tratados de extradición para proteger sus intereses criminales.
Asimismo, Castellanos hace un llamado urgente a la presidenta Xiomara Castro para reconsiderar su decisión y evitar que Honduras se convierta en un refugio para criminales. “La historia aún puede ser cambiada, y es vital que el gobierno actúe con responsabilidad y respeto hacia los compromisos internacionales para evitar un futuro de impunidad y desestabilización”, señaló.