Tres altos ejecutivos de la empresa tecnológica Smartmatic, incluyendo a su presidente, Roger Piñate, de origen venezolano, han sido formalmente acusados en Florida por su presunta participación en un plan de soborno destinado a asegurar contratos para las elecciones presidenciales de Filipinas en 2016.
Además de Roger Alejandro Piñate Martínez, de 49 años, los acusados incluyen a Jorge Miguel Vásquez, de 62 años y ciudadano estadounidense, y Elie Moreno, de 44 años, quien posee doble nacionalidad venezolana e israelí. Un gran jurado federal del distrito judicial del sur de Florida también acusó a Juan Andrés Donato Bautista, de 60 años, quien en 2016 era el presidente de la Comisión de Elecciones de Filipinas (COMELEC), según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Smartmatic, fundada en el año 2000 y con sede central en Londres, ha sido una empresa líder en tecnología y ciberseguridad aplicada a procesos electorales en numerosos países, incluidos Venezuela, México, Alemania, Estados Unidos, y muchos más. La empresa ha sido conocida por su sistema de votación automatizado, que ha sido implementado en varios de estos países. Actualmente, Smartmatic enfrenta una demanda por 2.700 millones de dólares en Estados Unidos contra la cadena Fox por difamación, debido a la difusión de supuestas falsedades vinculadas a las elecciones presidenciales de 2020.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, entre 2015 y 2018, Piñate y Vásquez presuntamente organizaron el pago de al menos un millón de dólares en sobornos al entonces presidente de COMELEC, Juan Andrés Bautista. Estos sobornos tenían como objetivo asegurar contratos relacionados con el suministro de máquinas de votación y servicios electorales para las elecciones filipinas de 2016, así como garantizar el pago de estos contratos, incluyendo la exención del impuesto al valor agregado.
Para financiar los sobornos, se creó un fondo utilizando dinero obtenido mediante la sobrecarga en los costos de las máquinas de votación. El esquema también incluyó la creación de contratos fraudulentos y acuerdos de préstamo falsos para justificar las transferencias de fondos, que fueron blanqueados a través de cuentas bancarias en Asia, Europa y Estados Unidos.
Los acusados enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y lavado de dinero internacional. Si son condenados, Piñate y Vásquez podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por los cargos relacionados con la FCPA, mientras que todos los acusados podrían recibir hasta 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Filipinas y la Oficina del Defensor del Pueblo han brindado una asistencia sustancial en este caso, subrayando la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción electoral.
El ganador de las elecciones presidenciales de Filipinas en 2016 fue Rodrigo Duterte, del Partido Democrático Filipino-Poder Popular, quien gobernó hasta 2022.