En los primeros meses de 2025, Honduras ha experimentado un notable aumento en los casos de extorsión, afectando tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas. Este fenómeno ha generado preocupación en la ciudadanía y ha puesto a prueba la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades.
Según datos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en enero de 2025 se registraron 341 denuncias por extorsión, cifra que duplica los casos reportados en el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron 160 denuncias. Este incremento sugiere una creciente incidencia de este delito en el país.
El sector transporte ha sido especialmente vulnerable, con pagos que ascendieron a 500 millones de lempiras en 2024 y la lamentable pérdida de 51 operarios debido a la violencia asociada a las extorsiones. A pesar de cumplir con los pagos, los trabajadores del transporte no han estado exentos de agresiones letales.
A pesar de la vigencia del estado de excepción desde 2022, que otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad, los resultados en la reducción de extorsiones han sido limitados. La ciudadanía continúa viviendo en un clima de temor, y muchos afectados optan por no denunciar debido al riesgo de represalias. Las autoridades instan a la población a colaborar con información y a fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
La persistencia de la extorsión en Honduras destaca la necesidad de estrategias más efectivas y coordinadas que aborden tanto las causas estructurales como las manifestaciones de este delito, garantizando la protección de los derechos humanos y la restauración de la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.