Un análisis reciente del Índice de Estado de Derecho 2024, realizado por el World Justice Project (WJP), evidencia graves deficiencias en Honduras, destacando particularmente la inacción del Congreso Nacional frente a problemas críticos como la corrupción y el respeto a los derechos fundamentales. El informe ubica a Honduras en el puesto 132 de 142 países, lo que lo coloca entre los más bajos a nivel global.
La medición se basa en tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida y malversación de fondos, áreas en las que el Congreso ha mostrado poca capacidad de mejora. Según el WJP, el poder legislativo hondureño no solo ha sido ineficaz en abordar estos problemas, sino que también ha agravado la desconfianza pública debido a la falta de rendición de cuentas.
En comparación con otros países, el Congreso hondureño continúa cayendo en las clasificaciones, acercándose peligrosamente a los últimos lugares del índice global. Expertos advierten que esta tendencia refleja la incapacidad de consolidar una institución fuerte y creíble, especialmente en los últimos tres años.
Finalmente, analistas coinciden en que la falta de control y transparencia dentro del Congreso Nacional amenaza la estabilidad democrática, al no garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y priorizar los intereses personales sobre el bienestar de la nación.