La reciente decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de anular el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha generado fuertes reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. En su cuenta principal, InSight Crime Español afirmó: "Honduras eliminó su mejor arma contra el narcotráfico", subrayando las posibles repercusiones de esta medida.
Según el análisis de InSight Crime, la anulación del tratado podría ser un intento de proteger a funcionarios gubernamentales clave de ser judicializados en Estados Unidos, lo que a su vez debilitaría la capacidad de ambos países para combatir a los grupos criminales transnacionales. Expertos consultados por la organización señalaron que, aunque la extradición no había frenado por completo el movimiento de cargamentos de droga en Honduras, había sido una herramienta efectiva para desarticular a las organizaciones criminales más grandes del país.
Un oficial hondureño, que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa, expresó su preocupación ante InSight Crime: "Estamos retrocediendo a pasos agigantados. El sistema judicial no tiene la capacidad de mantener a un narcotraficante de alto perfil en prisión durante un día, mucho menos de judicializarlo".
Lester Ramírez, profesor de la Universidad Tecnológica Centroamericana, comentó que el país carece de “autonomía y recursos para investigar, y más importante aún, para judicializar” casos de crimen organizado a gran escala. Esta falta de capacidad pone en riesgo los avances logrados en la lucha contra el narcotráfico.
Desde la prisión, el expresidente Juan Orlando Hernández envió una carta en la que calificó la extradición como un “instrumento crucial” en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de su larga sentencia, Hernández declaró al periodista hondureño Óscar Estrada que no se arrepentía de implementar la medida, destacando que la debilidad institucional en Honduras y el poder de los carteles hacían imprescindible la ayuda de Estados Unidos.
La anulación del tratado de extradición ha desatado un debate sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico en Honduras, con preocupaciones sobre cómo afectará la capacidad del país para combatir el crimen organizado y proteger a su población.
