La familia Gómez ha presentado una denuncia pública contra Urbanizaciones Hasbun por la venta continua de terrenos en la colonia Cerro Grande, afectando a 70 clientes según el acta 56 del Notario Luis Alonso Cuestas Zúñiga. Esta venta se realiza a pesar de la Resolución SE-IP-139 2023 emitida por la Inspectoría General del Instituto de la Propiedad (IP), que reconoce la propiedad de estos terrenos a la familia Gómez.
La familia Gómez solicita a la Junta Interventora del Instituto de la Propiedad, liderada por el comisionado presidente Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa y los comisionados adjuntos Jennifer Carolina Flores Tercero y Lenín Francisco Funes Luna, que analicen este caso con urgencia. Entre los 70 clientes se encuentran el director de registros del IP, Crecencio Muñoz, y José Rómulo Mejía Pineda.
Según la denuncia, Crecencio Muñoz adquirió los lotes 10 y 11 en el bloque 46 de Urbanizaciones Hasbun, plenamente consciente de la verdadera propiedad de estos terrenos. En su rol como director de registros del IP, Muñoz ha tenido múltiples reuniones con la familia Hasbun y ha sido acusado de denegar la inscripción de mandamientos judiciales emitidos por el Juzgado de Letras Civil, los cuales reconocen la propiedad de los terrenos en cuestión a la familia Gómez.
La familia Gómez sostiene que Muñoz ha proporcionado información falsa a los juzgados, afirmando incorrectamente que los terrenos pertenecen a Urbanizaciones Hasbun. Estas acciones, según la familia, constituyen un claro abuso de autoridad por parte de Muñoz, quien podría estar involucrado en delitos de violación a los deberes de los funcionarios.
La resolución de la Inspectoría General del Instituto de la Propiedad (SE-IP-139 2023) confirma que los terrenos pertenecen a la familia Gómez. A pesar de esto, Urbanizaciones Hasbun continúa vendiendo estos terrenos, exponiendo a nuevos compradores a posibles conflictos legales y pérdida de inversión.
La familia Gómez hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y aseguren el cumplimiento de la ley, protegiendo así los derechos de propiedad y la integridad del sistema registral del país.
