"Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño", dijo el fiscal general Rodolfo Delgado. Pidió el "rastreo y búsqueda" del exgobernante que aun se desconoce su paradero.
Presuntamente los hechos ocurrieron entre 2009 y 2014 durante el Gobierno de Mauricio Funes, que también enfrenta cargos judiciales, pero está asilado en Nicaragua desde 2016. En ese entonces, su sucesor, Salvador Cerén Sánchez era vicepresidente.
El FMLN denuncia una “caza de brujas”
La investigación se inició en 2019 en el caso denominado "Saqueo Público" de 2009-2014 cuando la Asamblea Legislativa aprobó 80,8 millones de dólares para un período de cinco años en concepto de "gastos reservados" de la presidencia.
Con el fin de encontrarlo y detenerlo lo antes posible, las autoridades han lanzado una operación especial de rastreo llamada “difusión roja”.
Por su parte el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció una persecución política disfrazada con el fin de construir “una nueva dictadura”.
“instrumentos del Estado, actuando de manera ilegal para consolidar el mecanismo de persecución política", señaló Ortiz ante la orden de captura emitida contra el ex presidente salvadoreño.
