El comandante de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Muñoz, ha sacudido los cimientos de la sociedad hondureña con sus recientes declaraciones, exponiendo una realidad escalofriante que ha estado oculta por demasiado tiempo.
En una denuncia que ha encendido las alarmas de las autoridades y ha conmocionado a la opinión pública, Muñoz cuestiona cómo es posible que menores de edad estén siendo expuestos a situaciones de prostitución en cárceles de varones, mientras las autoridades parecen hacer poco o nada al respecto.
"¿Cómo es posible que las mismas madres, con el beneplácito del padre, ingresen a cárceles de varones donde la mamá lleva a su hija menos de edad las llevan a que se prostituyan con los demás presos que están ahí?" cuestionó el comandante, poniendo de manifiesto una práctica aberrante que vulnera los derechos fundamentales de los menores y socava los principios más básicos de la dignidad humana.
Estas revelaciones han surgido en medio del impacto generado por un caso particularmente atroz: el de una madre que introdujo un bulto de marihuana en las partes íntimas de su hijo, con el propósito de entregárselo a un miembro de la peligrosa Pandilla 18 en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo II, conocida también como La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.
Esta denuncia no solo arroja luz sobre prácticas delictivas dentro del sistema penitenciario, sino que también destaca la vulnerabilidad de los menores de edad frente a la explotación y el crimen organizado.
En respuesta a esta situación alarmante, las autoridades han tomado medidas contundentes para proteger a los menores, anunciando la prohibición de las visitas de menores a los centros penitenciarios en todo el país a partir de este lunes.
Esta decisión, aunque necesaria, subraya la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera integral.
Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas abominables, así como implementar medidas efectivas para proteger a los menores y garantizar su bienestar en todo momento.
En un país donde la seguridad y el respeto por los derechos humanos son imperativos ineludibles, es crucial que la sociedad en su conjunto se una en contra de cualquier forma de explotación y abuso, especialmente cuando se trata de los más vulnerables entre nosotros: nuestros niños y jóvenes.
