El Ministerio Público (MP), confirmó este jueves el requerimiento fiscal con orden de captura contra el exsecretario de Estado de Gestión de Riesgos (Copeco), Gabriel Alfredo Rubí Paredes y otros funcionaros de la misma institución por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
La solicitud de orden de captura contra el exsecretario de Copeco, también enlista a Gustavo Adolfo Cruz y Cristian Elías Santeli, ex subcomisionado y exadministrador de Copeco por los mismos delitos que se le supone responsable a Rubí, cabe mencionar que la ATIC ya capturó a Cruz, así lo confirmó el portavoz de esta institución, Jorge Galindo.
Cabe mencionar que a estas personas se les investiga por el caso de instalación, en 2020, de un centro de triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como El Tórax, y que según el MP hubo una sobrevaloración, pues Copeco suscribió un acuerdo con una empresa constructora para instalar el triaje en El Tórax, por un costo de 4 millones de lempiras.
Sin embargo, la investigación de la Fiscalía revela que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras, por lo cual, se pide la captura de los exfuncionarios, entre ellos, Gabriel Rubí. Según las acusaciones, la obra no contaba con especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, y además señalan que omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado.
“Gabriel Rubí autorizó el pago del 15% por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía”, dice el comunicado.
De igual forma, dentro del requerimiento fiscal se acusa a la exdirectora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, Arlette Magaly Montero Rodríguez, “por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública”.
